CIUDAD DE MÉXICO (CNNMéxico) — El pleno de la Cámara de
Diputados aprobó este martes una reforma a la ley reglamentaria del juicio de
amparo, que ha generado polémica entre los partidos políticos porque limita la
posibilidad de que las empresas recurran a esa figura legal para protegerse de
los actos de una autoridad.
La reforma establece que cuando una compañía que
explote bienes concesionados por el Estado se ampare contra un acto de
autoridad, no podrá pedir que esa medida se suspenda o deje de aplicarse
mientras se resuelve el caso.
La norma involucra a empresas que explotan bienes
como el espectro radioeléctrico o las minas, o que operan bancos.
El punto —contenido en el artículo 129 de la
legislación— señala que el juez podrá otorgar la suspensión “excepcionalmente”
cuando concluya que, de no hacerlo, puede afectarse el “interés social”.
Durante la discusión del
dictamen,
legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la izquierda señalaron
que esa parte de la reforma da facultades excesivas al gobierno y puede afectar
la economía.
“No podemos, por la vía de limitación de derechos,
caer en un régimen autoritario y discrecional”, dijo en tribuna Ricardo Mejía
Berdeja, de Movimiento Ciudadano.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), organismo
líder del sector privado, señaló el lunes
en un comunicado que algunos puntos de la reforma representan “un avance importante”,
pero advirtió que la modificación al artículo 129 “provocaría un grave impacto
en los derechos de los ciudadanos, y en particular en los sectores productivos
del país”.
“Un amparo sin suspensión no es una protección
efectiva porque permite que se prolongue la violación de derechos durante toda
la vida del juicio y, en ocasiones, que el daño se haga irreparable. Un acto de
autoridad arbitrario, con base en los cambios que se proponen, puede provocar
la quiebra de una empresa o de cualquier individuo antes de que la autoridad
judicial determine el fondo del asunto”, señaló la agrupación.
Los legisladores del gobernante Partido
Revolucionario Institucional (PRI), principal promotor de la reforma, aseguran
que los cambios buscan evitar “abusos” en la utilización del amparo y
representan otros beneficios para la ciudadanía.
La reforma implica cambios a varias normas: la Ley
de Amparo, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal, la Ley Orgánica del Congreso, la Ley
Orgánica de la Procuraduría General de la República (PGR) y la ley
reglamentaria del artículo 105 constitucional.
Con su aprobación, se permite que las personas
puedan ampararse para proteger derechos contenidos en tratados internacionales,
no sólo de aquellos incluidos en la Constitución.
También se establece que los efectos de un amparo
serán aplicables a otros posibles afectados, no únicamente para quien promovió
el juicio, como ocurre actualmente, y que el gobierno federal o alguna de las
cámaras del Congreso podrán pedir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) que resuelva un caso de forma expedita cuando el asunto sea urgente.
Esos puntos fueron aprobados con el apoyo de la mayoría
de los diputados.
La reforma fue presentada al Congreso en la pasada
Legislatura (2009-2012) por legisladores de varios partidos, la mayoría del
PRI.
El Senado la aprobó en octubre de 2011 y la envió a
la Cámara de Diputados, donde fue analizada en comisiones durante las últimas
semanas.
Dado que los diputados le hicieron modificaciones,
el documento tendrá que regresar a la Cámara alta para una nueva revisión.
La aprobación de la ley reglamentaria del amparo es
uno de los 95 compromisos contenidos en el Pacto por México, al que están
suscritos los cuatro principales partidos del país: el PRI, el PAN, el Partido
de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Verde Ecologista de México
(PVEM). En conjunto, todos representan más del 90% de ambas cámaras del
Congreso.
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